LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA ANTE LOS ACUERDOS DE PAZ Y EL POSTCONFLICTO


Por Gerardo Ruiz-Rico Ruiz (Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Jaén) y Pedro Martínez Ruano (Prof. Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Almería)

            Los acuerdos firmados recientemente entre el Gobierno de Colombia y las FARC representan una apuesta decidida para conseguir la pacificación de ese país tras un largo conflicto armado.  Pero su aplicación efectiva presenta no pocas dificultades de orden jurídico, algunas de las cuales ya están siendo examinadas y resueltas por la Corte Constitucional colombiana.

            La Paz había sido ya incorporada como compromiso prioritario del Estado colombiano, y derecho/deber de sus ciudadanos,  en el texto constitucional de 1991. De este modo se estaría proporcionando la necesaria cobertura y legitimidad a cualquier iniciativa que, para lograr ese fin, se adopte por el poder político estatal; si bien la consecución de esa Paz va a requerir posiblemente una revisión –parcial- de la norma fundamental, con objeto de adaptar al Estado de Derecho algunas medidas sin las cuales será difícil asegurar una definitiva pacificación en la sociedad colombiana.

El denominado “Postconflicto” marcará por tanto una etapa, compleja tanto política como jurídicamente, en la que se vislumbra la intervención decidida de ciertos agentes institucionales que actuarán en diferentes esferas jurisdiccionales; no sólo la justicia constitucional, sino de igual manera  la mayor parte de los diferentes órdenes de la justicia ordinaria.

En primer lugar, los Acuerdos platean la necesidad de proporcionar un desarrollo efectivo a una parte significativa del catálogo de derechos sociales constitucionalizados (educación, sanidad, vivienda, agua) poniendo de relieve el propósito de superar su todavía, y  en buena medida,  condición meramente declarativa o programática.

De igual modo, los Acuerdos vinculan la desactivación definitiva del conflicto armado con una nueva cultura política participativa, junto a la garantía de una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. En esta línea se ha proyectado que el proceso democratizador deberá concluir en un gran Acuerdo Político Nacional, cuya materialización seguramente va requerir más de una revisión de la norma constitucional colombiana.

Pero sin duda la jurisdicción constitucional va a jugar –lo está haciendo ya de hecho- un papel clave dentro del proceso de implementación de los compromisos alcanzados por las partes en la fase posterior del Postconflicto. Lo demuestran claramente algunas decisiones de  la Corte Constitucional donde esta última ha tenido ya que pronunciarse sobre algunas de las iniciativas necesarias para ejecutar en un plano jurídico de los Acuerdos de Paz.

En este sentido, son relevantes las primeras sentencias donde la Corte  se pronuncia en torno a dos cuestiones que serían centrales en el marco de los Acuerdos suscritos más adelante: la justicia transicional y los derechos de las víctimas (Sentencias  C-579 (2013) y C577 (2014).

            La primera de estas resoluciones es favorable a la constitucionalidad de los instrumentos de justicia transicional.  La sentencia C-579 aplica la teoría de la ponderación entre derechos y principios constitucionales (derecho a la paz frente los derechos de las víctimas) para llegar validar aquellas medidas que se prevén en el marco de la denominada justicia transicional (suspensión condicional de las penas, imposición de sanciones extrajudiciales, penas alternativas y otras modalidades especiales de cumplimiento).

En otra resolución posterior  (Sentencia C577, 2014), la Corte tuvo oportunidad de examinar –y aceptar- la constitucionalidad de las medidas sobre “recuperación” e integración  política de los grupos armados en el Estado democrático; en concreto admite la compatibilidad con los preceptos constitucionales de la habilitación de quienes estuvieran implicados en el conflicto para el ejercicio de cargos públicos de elección popular, con el límite de que se trate de supuestos que no entren dentro de una tipología de delitos radicalmente opuesta a los principios fundamentales del derecho humanitario (delitos de lesa humanidad, guerra y genocidio).

En la etapa inmediatamente posterior a la firma de los Acuerdos, la jurisprudencia constitucional ha entrado a valorar la legitimidad y el valor del referéndum como instrumento de participación política con el que sancionar los Acuerdos de Paz (Sentencia C 379, 2016). En segundo término, ha dictado una reciente resolución sobre el denominado “Fast track” como fórmula de implementación legislativa de los Acuerdos de paz (Sentencia 699/16, de 13 de diciembre de 2016). En esta última  aborda el problema clave de los procedimientos normativos que se van a utilizar para la implementación de los Acuerdos de Paz. La Corte acepta la validez de las especialidades creadas por el Acto Legislativo 1/2016, de 7 de julio, que tienen como objetivo proporcionar la agilidad procesal necesaria a todas aquellas iniciativas del gobierno destinadas a desarrollar los objetivos programados en dichos Acuerdos, y contenidas en el Acto Legislativo “Procedimiento Legislativo para la Paz”.

Las especialidades procedimentales se van a aplicar tanto a los proyectos de ley como a los actos legislativos; en ambos casos se reserva al Ejecutivo (Gobierno nacional) la iniciativa legislativa, así como la prelación o preferencia para su tramitación por el Congreso. El Acto Legislativo prohíbe la aprobación en sede parlamentaria de enmiendas que puedan ir en sentido contrario al que se ha suscrito en los acuerdos. Esta limitación indudablemente podría estar restringiendo hasta unos límites potencialmente inconstitucionales limita la autonomía política del Parlamento como titular fundamental del Poder Legislativo del Estado. El problema se acentúa cuando –de acuerdo con el Acto Legislativo- el Ejecutivo tiene la capacidad de bloquear aquellas iniciativas parlamentarias que, en forma de enmiendas a los proyectos presentados por el Gobierno no cuenten con el respaldo gubernamental para su aprobación. Por último, una de las diferencias entre ambas categorías normativas en cuanto -pero no ya el procedimiento de aprobación parlamentaria-  radica en los sistemas de control de constitucionalidad que se pueda activar en uno y otro supuesto (represivo y preventivo). Además la fiscalización por parte de la Corte se hará de forma automática y “única”, restringiéndose exclusivamente a los aspectos de carácter formal o procedimental para los actos legislativos.

La segunda novedad destacada y relevante en términos constitucionales del Acto Legislativo consiste en la atribución al Presidente de la república de unas facultades especiales también, cuyo ejercicio queda no obstante delimitado por el objetivo de la ejecución de los Acuerdos de Paz.

 Las dudas de constitucionalidad que planteaba el Acto Legislativo han sido en buena medida resueltas por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de 13 de diciembre del 2016 (Sentencia C-699/16). Para el máximo intérprete de la Constitución son aceptables esas especialidades procedimentales parlamentarias, así como las atribuciones excepcionales que se le otorgan al Presidente, rechazando el motivo  de impugnación relativo a una posible vulneración del principio de separación de poderes. Asimismo, la sentencia avala con una interpretación que podríamos calificar de “adaptativa” o “contextualizada”, el mecanismo de “refrendación popular”, previsto en el Acto Legislativo, como método de validación para las modificaciones que se estaban planteando al texto de la Constitución política. Respalda así que el proceso no se cierre definitivamente con una manifestación “directa” de la voluntad popular, sino con las decisiones que, de forma sustitutiva, puedan adoptar aquellas autoridades que dispongan de competencias  constitucionales  y, en consecuencia, pueden otorgar validez al Acuerdo final para la terminación del conflicto.

Finalmente, la resolución avala el otorgamiento de poderes excepcionales a la esfera competencial del Presidente para impulsar la ejecución de los acuerdos; aunque no se trata –a juicio de la Corte- de una verdadera trasferencia de competencias que constitucionalmente corresponden a la esfera legislativa, en la medida en que el Congreso puede anular la habilitación o delegación temporal  de las mismas (180 días) y reclamar en cualquier momento su ejercicio, quedando  a salvo en todo caso la posibilidad de un control de constitucionalidad automático y a posteriori del resultado de esa delegación.

 

 

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